Las declaraciones del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, no han gustado a los dirigentes catalanes. Su afirmación de que si Cataluña se independiza del estado español también deja de ser miembro de la Unión Europea se han convertido en noticia, cuando en realidad tendría que ser algo más que sabido para los profesionales que se dedican a la política autonómica, nacional y comunitaria.
Hace un año, cuando tras la celebración de la Diada de 2012 resurgió con fuerza el movimiento independentista, un funcionario catalán con una larga trayectoria en el Parlamento Europeo me comentó que varios catalanes que trabajaban en Bruselas habían pensando escribir una carta a la Generalitat. En ella querían advertir de las consecuencias que podría causar la independencia de Cataluña a nivel comunitario, siendo una de ellas la de ponerse a la cola de los países que ya están en el camino de la adhesión.
Y es que, no deja se resultar paradójico que, justo en un momento en el que los 28 estados miembro que conforman la Unión Europea están luchando, más que nunca, por mantener una Europa fuerte política y económicamente, una parte de España plantee salirse de todo.
Desde la perspectiva agroalimentaria, si Cataluña se independizara del estado español, dejaría de percibir 408,6 millones de euros que benefician a 58.770 catalanes (según el FEGA). De ellos, 305,1 millones de euros proceden del Fondo Europeo de Garantía Agraria, FEAGA, destinado, principalmente, a los pagos directos, y 103,5 millones al Fondo Europeo de Desarrollo Rural, FEADER.
Pero quizás estas cifras no sean muy significativas en la multitud de estudios económicos que se han realizado tanto a favor como en contra de la independencia. Y así lo evidencia un informe que realizó la organización agraria Unió de Pagesos, en noviembre de 2012 donde concluía que «Cataluña es una contribuyente neta a la Unión Europea. Más todavía: Cataluña aporta 2.300 millones de euros a las arcas comunitarias, unas cuatro veces más que lo que recibe, ya que la media del total de los fondos europeos territorializados en los últimos tres años es de 530 millones de euros». Y a esto añadía que en el caso de una declaración unilateral de independencia «el nuevo estado podría hacer frente a todos los pagos equivalentes de la PAC y hasta dispondría de un margen económico generoso con todos los tributos con los que no tendría que contribuir con la Unión Europea».
Lo que sí está claro es que muchas industrias agroalimentarias temerán que tras el auge independentista, crezca el boicot a los alimentos de origen catalán. En este sentido, recuerdo que hace ya unos años, quien fue director general de Alimentación, Calidad e Industria Agroalimentaria en el Departamento de Agricultura catalán, Joan Gené, me confirmó que habían creado una marca propia para diferenciar los alimentos del País Catalán, pero que no se atrevían a ponerla en funcionamiento porque un estudio les había confirmado que podría originar más rechazo que aceptación, obviamente, allende Cataluña.
Y si no, que se los digan a los productores de cava, a los que, con toda probabilidad, preferirían que la Diada se celebrara en enero o febrero, para que sus ventas de cara a Navidad no se vieran afectadas. ¡Chinchín!